La brecha que persiste en las candidaturas
El número de candidatas a la intendencia subió al 16 % de cara a las elecciones del 4 de octubre y la cifra sigue siendo la mitad de la alcanzada en las juntas municipales. Esta semana, analizamos la representación femenina en los cargos electivos con ayuda de una socióloga y la propia Justicia Electoral, para intentar entender por qué el Poder Ejecutivo local sigue siendo terreno casi exclusivamente masculino.
Por Nadia Gómez
En Ñeembucú, según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), casi la mitad de las candidaturas a juntas municipales de este año son de mujeres: 43 %, uno de los porcentajes más altos del país. Pero cuando miramos quiénes compiten por la intendencia, el sillón que administra los bienes municipales y ejecuta el presupuesto, esa cifra se derrumba a apenas 12 %. El mismo departamento, la misma fecha electiva, dos realidades completamente distintas según el cargo que se observe.
Ese contraste no es una rareza, sino el retrato de todo el país. Según datos oficiales del TSJE, para las elecciones municipales del 4 de octubre las mujeres representan el 32 % de las candidaturas en los órganos colegiados (junta municipal) frente a un 16 % a cargos ejecutivos (intendencia).
En esta instancia, cuando el poder se reparte entre varias personas, las mujeres logran acercarse, aunque no llegar, a una participación proporcional. Cuando se concentra en un solo cargo, las candidaturas se ven dramáticamente reducidas.
El mapa departamental confirma que no se trata de un fenómeno uniforme, sino de una desigualdad con matices propios en cada territorio. En Amambay y Canindeyú se ven candidaturas predominantemente masculinas a la intendencia. En el otro extremo, Boquerón y capital muestran porcentajes mucho más altos de mujeres; aunque en el caso de Asunción, la lectura exige cuidado, al tratarse de apenas cuatro nombres, una muestra pequeña para sacar conclusiones firmes.
Para sumergirnos mejor en el panorama general: para estas elecciones municipales existe un total de 18.955 candidaturas (personas). De ese número, 12.936 (68,25 %) son hombres y 6019, mujeres (31,7 %).
Hay una mejora en comparación con las elecciones de 2021, aunque es desigual entre cargos. Según precisó Laura Garbett, directora de Políticas de Género del TSJE, las candidaturas femeninas a intendencia pasaron de 12,9 % en 2021 a 16 % en 2026, un incremento de 3,1 puntos. En las juntas municipales, en cambio, el movimiento fue mínimo: de 31,7 % a 32 %, apenas 0,3 puntos. “Podemos hablar de un avance, sobre todo en pujas por la intendencia, pero también tenemos que poner esos números en contexto y ver la brecha que existe, ya que las mujeres representan prácticamente la mitad del electorado”, señaló Garbett. La entrevistada también recalca la importancia de reconocer los progresos, pero sin dejar de ver lo que los mismos datos nos muestran: todavía queda mucho por hacer en términos de participación paritaria.
“Una cosa es permitir que las mujeres estén y otra muy distinta es habilitarlas para conducir”
Para la socióloga Clemen Bareiro Gaona, autora de Ante una crisis, ¡que venga una mujer!, estos números no deben leerse como un problema de “falta de participación” de las mujeres en política. “No diría que estamos bien representadas en las listas de concejalías. Somos alrededor del 32 % de las candidaturas a juntas municipales, mientras que representamos aproximadamente la mitad de la población”, advierte y subraya: “Lo que ocurre es que ese 32 % parece alto cuando lo comparamos con las candidaturas a intendencias, en que somos apenas el 16 %”.
La clave, dice Bareiro, está en distinguir entre estar presentes y ejercer poder real: “Las mujeres estamos en la política: militamos, organizamos, hacemos campañas, sostenemos estructuras partida rias y comunitarias. El problema aparece cuando esa participación tiene que convertirse en poder”. Y enfatiza: “Una cosa es permitir que las mujeres estén y otra muy distinta es habilitarlas para conducir”.
El caso de Ñeembucú, para Bareiro, es interesante porque visibiliza la contradicción que vemos en los datos. “Eso nos obliga a mirar lo que ocurre antes de llegar a las elecciones. Porque la desigualdad política no empieza el día en que votamos, empieza mucho antes: en quiénes participan de los espacios donde se toman las decisiones partidarias, quiénes acceden a recursos para financiar campañas, quiénes construyen redes políticas, quiénes reciben el respaldo de las estructuras y, finalmente, a quién se considera un candidato ‘natural’ para gobernar”, explica.
Sobre los casos extremos de Amambay y Canindeyú, Bareiro prefiere no aventurar una única causa —ni económica, ni de ruralidad— sin más evidencia, pero no dejar de remarcar que sí se puede apreciar un patrón nacional de desigualdad que en algunos territorios se vuelve más extremo. También insta a cambiar el enfoque: “Muchas veces nos cuestionamos por qué las mujeres no se presentan, no quieren participar o no llegan. ¿Por qué no nos preguntamos qué características tiene un sistema político que produce más de 90 % de candidaturas masculinas para determinados cargos? Cuando una desigualdad se repite de manera tan sistemática, deja de ser una suma de decisiones individuales femeninas. Es una característica de la estructura”, agrega. Esta disparidad no puede seguir mirándose como una responsabilidad individual, pues según Bareiro es una característica del sistema.
Ahí entra también su diagnóstico sobre la Ley de Cuotas, vigente hace 30 años y que exige una candidata cada cinco lugares en las listas. Para ella, fue una conquista muy importante y debe reconocerse como el resultado de la lucha de las mujeres en un momento en que no había mecanismos que garantizaran su participación.
“Estamos también ante una paradoja: una medida pensada para abrir una puerta puede terminar convirtiéndose en un techo si el sistema se acomoda a cumplir solo ese mínimo”, dice. Y es más contundente cuando se trata de cargos ejecutivos: “La intendencia se elige en una boleta separada de la junta municipal por mayoría simple. Allí no existe una cuota que garantice la presencia de mujeres. Por eso podemos tener 32 % de candidaturas femeninas en juntas y solamente 16 % en intendencias”.
El título de su libro remite a un patrón que se repite en organizaciones e instituciones en general: mujeres acceden a espacios de poder —cita los casos de Lilian Samaniego (Partido Colorado/ANR) y Amanda Núñez (Partido Liberal/PLRA)— en momentos de crisis, cuando las estructuras necesitan reconstruirse.
“No significa que seamos naturalmente mejores para administrar crisis. Esa sería otra forma de esencializarnos. Lo que me interesaba era señalar la paradoja: se duda de nuestra capacidad para ejercer el poder en condiciones normales, pero cuando todo se vuelve difícil aparece la idea de que una figura fe menina puede ordenar, cuidar, conciliar, reconstruir o hacerse cargo”. Su conclusión funciona casi como eslogan: “Que vengan las mujeres, claro. Pero no solo cuando las papas queman, que también se queden”.
La importancia de un observatorio de participación política y género
Garbett aporta una mirada institucional y empieza por una aclaración: el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del TSJE, reúne datos históricos desde 1996, pero hasta allí llega su función. “La Justicia Electoral no recibe denuncias y tampoco es una instancia que investigue o sancione casos de violencia política”, precisó.
Desde las competencias que tiene el TSJE y la Dirección de Políticas de Género se trabaja en prevenir y sensibilizar, y a través del observatorio se visibiliza todo este trabajo: con talleres, charlas, capacitaciones, y un apartado que muestra esas actividades y las herramientas disponibles. “Nos es sumamente importante que las mujeres reconozcan las situaciones de violencia que muchas veces son normalizadas, así como que conozcan las opciones que existen”, agrega.
El observatorio se concentra en candidaturas y personas electas, tanto en generales como en municipales. Menciona Garbett: “Eso nos permite ver no solamente cuántas mujeres se presentan como candidatas, sino fi nalmente saber cuántas acceden a cargos electivos y cómo fue evolucionando esa participación a lo largo del tiempo”.
La intervención de las mujeres como votantes, en cambio, aún no está incorporada al observatorio, aunque sí existe en la memoria institucional que se publica cada año tras las elecciones. Este factor figura entre los indicadores que esta dirección planea sumar a futuro, junto con un análisis territorial más profundo.
Sobre por qué la brecha es mayor justamente en los cargos ejecutivos, Garbett coincide con Bareiro en que no hay una explicación única: “Una candidatura a intendencia tiene características diferentes a una para la junta municipal. Estamos hablando de un solo cargo por municipio con un nivel de exposición mucho mayor, para el que se necesita más respaldo y una estructura importante para competir”.
A eso suma las tareas de cuidado, que “todavía recaen en mayor medida sobre las mujeres”. Además, el propio costo de exposición pública que implica encabezar una candidatura de ese nivel. Al observar la imagen más amplia, y evaluar o hacer un balance del estado de este tema en las elecciones, ambas entrevistadas coinciden en que es importante recalcar los avances. Más que hablar de las justas electorales como exitosas o no, en cuanto a participación política, lo importante para ellas es mirar cómo evoluciona todo.
Los resultados del 4 de octubre dirán cuánto de ese 16 % de candidaturas femeninas a intendencias se traduce, fi nalmente, en mujeres electas. Hasta entonces, como plantea Bareiro, tal vez la pregunta que debemos hacernos no es cuánto mejoramos respecto a la elección anterior, sino cuánto tiempo más el sistema político paraguayo va a considerar aceptable este ritmo de cambio.
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