Criadazgo

La deuda pendiente con la niñez paraguaya

En Paraguay, el criadazgo sigue siendo una práctica normalizada que vulnera los derechos de la niñez. Organizaciones sociales alertan sobre la falta de datos oficiales, la ausencia de una ley integral y la urgencia de construir un país donde ninguna niña tenga que ser “criada” para acceder a educación o protección.

El criadazgo es una historia de dolor, pero un dolor que nos debe conducir a sensibilizarnos y movilizarnos, y que ya no puede esperar.

Por Laura Ruiz Díaz. Dirección de arte: Gabriela García Doldán. Dirección de producción: Camila Riveros.
Producción: Sandra Flecha. Fotografía: Fernando Franceschelli. Agradecimientos: Global Infancia.

Conce tiene 44 años, es madre y esposa, originaria de la ciudad de Trinidad. Emprendedora y trabajadora, aprovechó cada curso gratuito para aprender y generar ingresos desde su casa. Pero detrás de esa vida construida con esfuerzo, guarda una historia que nunca había contado, ni siquiera a su esposo, con quien compartió más de dos décadas.

A los seis años de edad, Conce llegó a casa de sus padrinos, donde pensó que su realidad sería
diferente, que podría ir a la escuela. Todo cambió, pero para mal. “Fui, no como una criada, como una esclava”, dice cuando recuerda lo vivido, y ofrece un testimonio que incomoda y sacude. Desde que su mamá cruzó el portón, empezó el maltrato: durante tres años, hasta tercer grado, vivió un infierno.

Su vida era como la de muchos “criaditos”, la palabra infame que describe a niñas, niños y adolescentes que trabajan en labores domésticas a cambio de sus derechos básicos que deberían estar garantizados: techo, alimentación, salud, educación.

En esa casa, Conce preparaba las comidas, barría, lavaba, planchaba los uniformes de su padrino (un policía). Con una sillita especial hecha para ella, alcanzaba la pileta de la cocina. A los seis y siete años, la enviaban sola por kilómetros a retirar bolsones pesados de víveres. Una vez, un extraño intentó abusar de ella. Pateó, corrió y siguió adelante, siempre con el bolsón, pues sabía lo que le pasaría si no llevaba la compra.

Esos fueron los primeros episodios de muchos abusos de índole sexual a los que fue sometida. Fue abusada por su padrino y, cuando se lo contó a su madrina, ella apañó al hombre y acusó a la niña de “buscarlo”. Conce tenía siete años apenas.

Nunca tuvo apoyo de su familia ni de la sociedad ni del Estado. Comía a escondidas lo que alcanzaba a robar y meter entre su ropa, porque no tenía acceso a la misma comida que ellos. Dormía en el suelo y, como era solo una niña, a veces se orinaba o se chupaba el dedo. Esos días, los castigos eran feroces: le pegaban con un arreador, que ella escondía, y cuando lo encontraban, le “cobraban” todo junto.

Una vecina preocupada alertó a su mamá. Sus padrinos consiguieron mantenerla en esa casa un año más, hasta que por fin pudo mudarse. Pero la crónica de los abusos no acaba ahí. Luego de su “rescate”, fue enviada a vivir con una tía, donde volvió a trabajar arduamente sin descanso. Recién a los 12 años regresó con su madre, pero el novio de ella también quiso propasarse.

“A las mujeres que pasaron lo que yo pasé les digo: no tengan vergüenza de contar su experiencia, es la única forma de liberarse. Si no se habla, es difícil terminar con el criadazgo”

A los 14, Conce mentía sobre su edad para conseguir changas. Tuvo que dejar la escuela porque su mamá no podía mantenerla.

También cayó en la droga, pero la dejó, y lo hizo por sí misma. “Sola salí de ese pozo profundo”, cuenta. Siguió adelante con el apoyo de su familia, y hoy su mayor anhelo es terminar de construir su casa. “Si muero, voy a morir en paz”, dice. Y cierra con un mensaje: “A las mujeres que pasaron lo que yo pasé les digo: no tengan vergüenza de contar su experiencia, es la única forma de liberarse. Si no se habla, es difícil terminar con el criadazgo”. Esta fue la primera vez que Conce contó todo. “Me quedé relajada”, confiesa con la esperanza de que su historia ayude a otras a romper el silencio.

Este relato está basado en una entrevista realizada por Global Infancia a una persona que vivió
en situación de criadazgo; nombres, datos y lugares fueron reemplazados para salvaguardar la identidad de los involucrados.

¿Qué es el criadazgo?

La explotación infantil se ha reducido en forma sustancial en América Latina, pero todavía alrededor de 5,7 millones de niñas y niños laboran antes de haber cumplido la edad mínima legal. Un alto porcentaje lo hace en condiciones precarias, de alto riesgo o en actividades no remuneradas; las nuevas formas de esclavitud.

El criadazgo es una práctica común en Paraguay. Es una forma de trabajo infantil en la cual los niños, niñas y adolescentes son entregados a personas de mejor posición económica (a veces familiares; otras, extrañas) bajo la promesa de acceso a educación y alimentación. Para conocer más sobre el tema, nos encontramos con Marta Benítez, directora de la organización Global Infancia, que tiene como misión promover una cultura que respete los derechos de NNA. Con paciencia y sin obviar detalle alguno, nos guía para entender con “lentes de derechos” la realidad circundante.

Lo primero es conocer el marco legal vigente. Empezamos por la Constitución Nacional, que en su artículo 54 establece la obligación conjunta de la familia, la sociedad y el Estado de garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños, además de proteger el ejercicio pleno de sus derechos, salvaguardarlos del abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación.

Seguimos con la ley 57/90, que es la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, adoptada por Paraguay el 20 de noviembre de 1989. Esta normativa fundamental obliga al Estado a garantizar la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de todos los NNA, y reconoce sus derechos intrínsecos a la vida, el nombre, la nacionalidad y la familia.

«Necesitamos una investigación más confiable para cuantificar el fenómeno y, a partir de ahí, definir los esfuerzos necesarios, fortalecer políticas públicas y la corresponsabilidad de la sociedad civil»

Marta Benítez, directora de la organización Global Infancia.

“Estos dos principios legales [el artículo 54 de la Constitución y la ley 57/90] son como paraguas que nos cobijan y nos dan la perspectiva, las ‘lentes de los derechos’, para analizar la realidad”, explica Benítez. Con eso podemos identificar situaciones que en Paraguay son consideradas “normales”, pero que en realidad vulneran derechos. El criadazgo es una de ellas, sí, pero hay muchas más. “El trabajo que tenemos como sociedad para desnaturalizar estas prácticas es enorme”, afirma.

¿Por qué esta práctica sigue vigente? Por un lado, Paraguay ha avanzado en políticas sociales y disminución de la pobreza, sobre todo con la transición democrática; eso es categórico, explica Marta. “Sin embargo, conservamos residuos de un estado feudal, las personas no son iguales. La Constitución resume la utopía de construir un país donde todos crezcamos con dignidad, y eso claramente no se cumple. El criadazgo es una de las señales más claras de ese incumplimiento”, afirma con contundencia.

Esta práctica no es un invento paraguayo; existe en la región como herencia del vergonzoso pasado colonial. Pero hoy, en casi todos los países de América Latina se ha eliminado. “Eso significa que el esfuerzo por superar las desigualdades no ha sido suficiente”, expresa Benítez, “seguimos arrastrando debilidades en inversión social, en cobertura y calidad de los sistemas de educación, salud y protección. El criadazgo no es parte de nuestra historia, sino de nuestro presente”.

Hablando del presente, un elemento clave para abordar una política pública seria es tener indicadores. El último dato oficial que manejamos es de 2011, con casi 47.000 niños en situación de criadazgo, una realidad completamente inaceptable.

“Necesitamos con urgencia invertir para conocer de cuántos NNA hablamos hoy”, afirma Marta. Así, como organización, se pusieron al hombro la tarea hercúlea de recabar datos donde no hay. “En un esfuerzo con la Unión Europea, nos acercamos al Instituto Nacional de Estadística y analizamos la información del último censo. Identificamos aproximadamente un poco más de 16.000 niños que viven en hogares que no son de su familia. Pero nos preguntamos, ¿todos esos son criados? Porque muchos van a casas de parientes”, elabora.

También analizaron el Registro Único de Estudiantes (RUE) del Ministerio de Educación de años anteriores, y encontraron una cifra cercana a 41.000 niños que no están con sus padres, sino con un tío, un padrino o una madrina (se excluye a los que viven con abuelos). Así, tienen la teoría de que alrededor de 40.000 NNA se encuentran expuestos a estas condiciones. La cifra no es exacta ni oficial, sino apenas una inferencia a partir de información incompleta
del Estado. “Estos datos nos interpelan. Necesitamos una investigación más confiable para cuantificar el fenómeno y, a partir de ahí, definir los esfuerzos necesarios, fortalecer políticas públicas y la corresponsabilidad de la sociedad civil”, afirma Benítez.

«La gente se quiebra porque es la primera vez que se reconocen como criados y cuentan su historia»

Las secuelas

Una de las consecuencias más graves, en el contexto de normalización de esta práctica, es que las personas adultas que pasaron por eso muchas veces no tienen un espacio para reconocer el trauma que significó. “En los talleres comunitarios, cuando hablamos del tema, aparecen testimonios muy fuertes. La gente se quiebra porque es la primera vez que se reconocen como criados y cuentan su historia”, describe Marta.

Como el criadazgo está arropado con la apariencia de caridad y solidaridad, la víctima siente que debe agradecer a la familia empleadora, y ni siquiera se permite reconocer las situaciones de discriminación, violencia o la alienación de su familia de origen. “Una deuda grande como país, en el marco de la salud mental, es habilitar espacios para que estas personas puedan sanar. Necesitamos desmitificar que es una práctica solidaria y permite superar la pobreza. Ese es un mito basado en casos excepcionales. En general, quienes pasaron por el criadazgo terminan como empleadas domésticas y es muy probable que no logren mejorar su estilo de vida”, identifica Benítez.

«Muchas veces la situación en las familias empleadoras es tan violenta que las niñas huyen de la casa»

A nivel individual, las secuelas son traumas por la violencia y discriminación vividas, y en muchos casos, situaciones de abuso sexual y embarazos forzados. Hay estudios que indican que un gran porcentaje de víctimas de trata fueron criadas.

Sobre ese punto se extiende Benítez: “No tengo un dato actualizado, pero para que la ciudadanía lo comprenda: muchas veces la situación en las familias empleadoras es tan violenta que las niñas huyen de la casa. Ahí entran en contacto con personas que les prometen sacarlas de esa situación y conseguirles un mejor trabajo. Y caen en el engaño de los tratantes porque están en una situación muy vulnerable, han perdido el vínculo con su familia de origen, con su mamá, con alguien que les pueda aconsejar. Es un caldo de cultivo perfecto para la trata”.

Estrategias de trabajo

Marta explicó que están abocados a una iniciativa llamada Mombyry che tapỹigui. Abordaje integral del criadazgo, que consiste en acciones de prevención de esta situación. Este trabajo se hace con otras tres organizaciones: la Fundación Buen Pastor, que brinda atención a niñas en situación de criadazgo en su hogar de acogida; Enfoque Niñez, que investiga cómo las guardas legales llegan a encubrir esta situación; y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), que impulsa acciones de prevención y consulta a adolescentes para visibilizar su voz.

A nivel comunitario, Global Infancia trabaja con comunidades, organizaciones civiles y actores
locales como las Codeni (Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente). Así, sensibilizan sobre la normativa vigente y comparten protocolos de intervención para la detección de casos. Aunque se estableció diálogo con el Parlamento, la iniciativa de ley integral sobre criadazgo fue rechazada.

Benítez recordó que Paraguay cuenta con recomendaciones internacionales para prohibir explícitamente esta práctica. “Nuestro marco normativo es garantista, pero no ha sido suficiente”, señala, y enfatiza la necesidad de una ley integral que aborde las causas estructurales y promueva un abordaje social y preventivo.

En cuanto al trabajo con el Estado, Benítez destacó la alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente con el programa Tekoporã. La organización está fortaleciendo las capacidades de sus técnicos y promotores para que aborden la prevención del criadazgo con las familias beneficiarias. “Nos parece clave porque atacamos la raíz: evitar que una niña tenga que salir de su familia para cubrir una necesidad, como la educación o la protección”, explicó.

Añadió que este modelo podría ampliarse a otras instancias, como el Ministerio de Agricultura, que trabaja con familias campesinas, y el Ministerio de Educación, ya que en las escuelas están muchas de las que son o podrían ser criadas. Aclaró que, si bien la mayoría de las víctimas son niñas, también hay niños en esta situación.

Finalmente, Benítez subrayó la importancia del trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad: “Es un camino virtuoso que nos va a permitir sostener el esfuerzo y llegar antes a la meta. Debemos estar abiertos a seguir colaborando, porque ese es el país que queremos construir”.

Una práctica que pierde legitimidad puertas afuera, pero ¿y en casa?

La CDIA (Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) es una red de 28 plataformas de la sociedad civil que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de los NNA. Al ser una red, llegan a los territorios a través de sus organizaciones integrantes. “Nuestro mandato principal es la incidencia política y social, a nivel nacional e internacional, para visibilizar temas que consideramos prioritarios. El criadazgo es uno de ellos, justamente porque está muy invisibilizado, tanto socialmente como en la agenda pública”, plantea Cynthia Florentín, directora ejecutiva de la mencionada entidad.

“Cuando las conversaciones pasan a ser más íntimas, en los talleres territoriales que realizamos, nos damos cuenta de que el criadazgo sigue muy arraigado y aceptado…»

Con respecto a la agenda pública, la percepción está cambiando, pero es ambivalente. Por un lado, Florentín plantea que las redes sociales juegan a favor ya que, cuando logran posicionar el tema, “vemos una reacción ciudadana en esas plataformas que es de injusticia, de ‘esto no se puede permitir’, de exigir la erradicación”.

Por otro lado, en los círculos familiares muchas veces esta práctica no ha perdido legitimidad. “Cuando las conversaciones pasan a ser más íntimas, en los talleres territoriales que realizamos, nos damos cuenta de que el criadazgo sigue muy arraigado y aceptado. Se reconoce que no está del todo bien, pero se sigue justificando como una respuesta a la situación de vulnerabilidad de la familia de origen. Es un doble discurso: en lo público se exige su fin, pero en lo privado la práctica sigue siendo válida”, explica. Muchas veces, las familias que reciben al niño o niña lo ven como un acto de caridad, sin ser plenamente conscientes de que están facilitando una situación de vulneración de derechos.

Una ley urgente

El Senado paraguayo debatió intensamente en mayo de 2025 un proyecto para penalizar el criadazgo, considerado una forma de explotación laboral infantil. A pesar del respaldo del Ejecutivo para tipificarlo como delito, hubo resistencia, y el resultado fue el rechazo de la normativa en la citada instancia.

El proyecto de ley con media sanción en Diputados tenía una visión integral: no era punitivista, sino preventiva. Miraba el contexto, proponía protección para las víctimas, reinserción familiar, que las familias tengan acceso a programas sociales para cuidar a sus hijos y políticas de reparación con atención en salud integral por las secuelas emocionales y físicas que deja la práctica. Para todo eso, contemplaba un programa nacional con fondos. “Sin presupuesto nada de esto es posible. Por eso el tratamiento tan superficial que tuvo en el Senado fue un gran retroceso”, indica Cynthia.

«Necesitamos una normativa, pero con un enfoque preventivo»

“La ley es necesaria porque lo que no se identifica, se invisibiliza; y lo que se invisibiliza, no se protege”, dice Cynthia con firmeza. Ella considera fundamental contar con una ley contra el criadazgo, una regulación que permita avanzar en las tratativas y así lograr el marco regulatorio ideal. “Entre no tener nada y tener una ley que nos permita avanzar, hay una gran diferencia”, plantea.

“Necesitamos una normativa, pero con un enfoque preventivo. Algunos sectores intentaron imponer una perspectiva punitivista en el Senado, pero eso lo único que haría es volver esta práctica aún más invisible y generar más resistencia a hablar de ella. Debemos insistir en una mirada integral que aborde las causas y proteja a las víctimas, no que las criminalice o las esconda”, sugiere la directora de CDIA.

Lo que dice el Estado

El ministro Walter Gutiérrez, de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, asegura que hay “absoluto” interés en actualizar los datos sobre criadazgo —la última cifra oficial es de 2011—. Señala que esta práctica “ha sido romantizada” y que en los hechos implica “subordinación, trabajo doméstico y restricción de derechos”.

Confirma que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley contra el criadazgo y el trabajo infantil, con un marco penal «sancionador”. Ante las críticas de criminalización de sectores económicos vulnerables, respondió: “La pobreza se combate con inversión social, no tolerando la explotación. La tipificación apunta a quienes captan y retienen niños en condiciones de subordinación. Cuando eso sucede, el Estado debe intervenir con toda su fuerza”.

Destaca el Programa Abrazo, la iniciativa estatal más importante para la erradicación del trabajo infantil peligroso; los centros de protección como Ñasaindy, el cual sirve a víctimas de trata, un proyecto completamente estatal que se ubica en una propiedad incautada por la Senabico; y el fortalecimiento de las Codeni con Codeni 2.0, que busca el fortalecimiento de estos organismos con mejoras en infraestructura, atención y tecnología.

Su mensaje final es: «Ningún niño debe ‘salvarse’ perdiendo derechos. El criadazgo es esclavitud moderna y no puede tolerarse».

Preocupación internacional

En mayo de 2026, Paraguay será examinado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas. En este contexto, la sociedad civil tiene la oportunidad de presentar informes alternativos para aportar su perspectiva sobre la situación del país. Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) participaron en cuatro de estos informes. En dos de ellos —el integral y el elaborado por las y los adolescentes— se incluyó de manera específica la problemática del criadazgo.

A través de estos documentos, visibilizaron ante la ONU su preocupación por la persistencia de esta práctica, la falta de datos actualizados y la ausencia de una ley que la aborde de manera integral. Además, presentaron recomendaciones puntuales, entre ellas la creación de un sistema de alerta, identificación y seguimiento de casos, y la necesidad de una normativa integral de prevención.

Cuantas más recomendaciones reciba el Estado paraguayo, mayores serán las herramientas de incidencia con las que contará la organización en los próximos años para exigir su cumplimiento y avanzar hacia la erradicación del criadazgo.

El mes pasado, representantes de CDIA participaron en Ginebra de la presesión del EPU, donde mantuvieron reuniones con las misiones de distintos países. En esos espacios, colocaron el tema del criadazgo con mucha fuerza, con el objetivo de que los Estados miembros formulen recomendaciones específicas al Paraguay.

Cuantas más recomendaciones reciba el Estado paraguayo, mayores serán las herramientas de incidencia con las que contará la organización en los próximos años para exigir su cumplimiento y avanzar hacia la erradicación del criadazgo.

¿Cómo avanzar, entonces?

Varias organizaciones que integran la CDIA tratan de movilizar el tema para que se siga hablando. “Necesitamos que los medios y la sociedad civil posicionen ese debate para que la gente lo discuta, tenga herramientas, exija y reflexione por qué, desde nuestra perspectiva, el criadazgo está mal, y pone en riesgo la vida y la protección de niños y adolescentes”, sostiene: “Hoy el tema no es de interés para las instituciones públicas, y lo vamos a seguir martillando para que vuelva a la agenda política”.

“El criadazgo es una oportunidad fundamental y urgente para hablar como paraguayos y paraguayas sobre el país que queremos construir. Mientras esta práctica siga vigente, no tendremos claridad sobre qué tipo de sociedad queremos. Yo imagino que el sueño compartido es un país donde todos tengamos las mismas oportunidades para crecer con dignidad. Y eso incluye a los niños y niñas, no solo a los que tienen ciertas condiciones”, afirma Marta Benítez con vehemencia.

El Estado debe asegurar el acceso a servicios de calidad en salud, educación y protección. Ese es su compromiso. “No podemos, a 2026, seguir justificando el criadazgo como una estrategia para que se cumplan los derechos de un niño. Esa conversación nos va a servir para desmontar esa estructura y aplicarla a muchas otras realidades”, agrega.

A lo largo de este reportaje, el testimonio de Conce y el análisis de las organizaciones sociales develan una verdad incómoda: el criadazgo es una herida abierta sostenida por la desigualdad, la falta de datos oficiales y la ausencia de una ley integral. Frente a esto, urge pasar de la condena pública en redes sociales a una acción política y social sostenida que desnaturalice la práctica en el ámbito privado, invierta en las familias para atacar sus causas y garantice que ningún niño sea privado de sus derechos.