Por iniciativa de la ONU, cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el nombre mismo y en su conceptualización está presente la palabra “erradicación”, pero para hacer un análisis más detenido de la realidad es necesario ponernos a pensar de qué hablamos cuando tocamos el tema. Eso intentamos hacer desde esta redacción y, por eso, desde el título, buscamos enfocarnos en los sujetos.
Hay, a veces, cierta pretensión de objetividad hacia el periodismo. Como si en realidad pudiera serlo. Queremos, desde este punto, advertir que no es posible dar una visión objetiva de la realidad, ya que —como bien sabe quien tiene las ciencias sociales como campo de estudio— siempre se habla desde la subjetividad.
Esta nota, la información recolectada, las entrevistas y las fuentes contactadas tienen la única función de poner sobre la mesa una visión lo más completa posible de la situación a la que menores trabajadores se ven expuestos y exteriorizar una preocupación que debería ser de todos: ¿qué pasa con nuestro futuro, como sociedad paraguaya?
Según el Estado, la definición de “trabajo infantil” corresponde a cualquier número de horas trabajadas para el segmento de 10 a 13 años. Para el grupo de 14 a 15 años es cualquier trabajo mayor a 24 horas semanales, y para los adolescentes de 16 a 17, es cualquier empleo mayor a 36 horas.
La Agencia de Información Paraguaya difundió que del total de la población estimada entre 10 y 17 años (1.082.318 individuos), un 8 % se encuentra ocupada laboralmente por encima de los umbrales específicos para su edad.
La Agencia de Información Paraguaya difundió que del total de la población estimada entre 10 y 17 años (1.082.318 individuos), un 8 % se encuentra ocupada laboralmente por encima de los umbrales específicos para su edad. Es decir, 90.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajan. Se distribuyen principalmente en áreas rurales, con 51.000 NNA, y en zonas urbanas, 39.000. Los datos fueron recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y corresponden al último trimestre de 2021.
Las actividades ejercidas por NNA van desde tareas de cuidado del hogar o de otras personas de la familia —rol ejercido generalmente por mujeres—, hasta la ocupación en la calle o en otros domicilios, pasando, claro, por las chacras, generalmente en el campo.
Quienes trabajan en la calle son vendedores, canillitas, lustrabotas, limpiaparabrisas, lavaautos, recicladores o rebuscadores. Estas actividades implican una exposición más directa a distintos tipos de violencia, pero al mismo tiempo suelen ser la salida más fácil, ya que no requieren una inversión previa.
Es importante aclarar que, generalmente, las condiciones laborales son mucho peores en las situaciones de calle. Tanto es así que el Estado intervino para poder regular y amainar, en lo posible, el efecto en los niños y jóvenes. Así nació el programa Abrazo.
Programa Abrazo
Según documentos oficiales, está destinado a prevenir, intervenir y proteger a menores de 0 a 13 años que realizan actividades económicas en espacios públicos, olerías, vertederos y zonas agrícolas. Según Teresa Martínez, titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el programa es su buque insignia y busca “combatir y erradicar el trabajo infantil en calle, que es muy nocivo para los niños por la violencia que viven”.
El apoyo consiste en bonos solidarios, canastas básicas de alimentos, atención integral en centros y asistencia sociofamiliar. En palabras de la ministra, Abrazo beneficia a alrededor de 15.000 NNA y a sus familias con 42 centros. Pero si miramos los números anteriores, resulta insuficiente.
Martínez afirma que Abrazo se complementa con los siguientes programas: Tekoporâ (SAS), Painac (SNNA), Pani (INAN/MSPBS), Apoyo a Comedores Comunitarios (SAS) y Alimentación Escolar (MEC). Por eso, la ministra considera que la principal herramienta para aumentar la cobertura por parte del Estado sería mayor presupuesto, pero también la colaboración interinstitucional con las Codenis y los demás ministerios.
“Para realmente solucionar el problema, el Estado debe llegar a las comunidades con el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, y ofrecer una atención integral”, afirma.
Queda como tarea pendiente para la siguiente gestión.
Trabajo y educación
La psicóloga comunitaria María José Galeano trabaja desde la fundación Alda en un proyecto llamado Educación de calidad para niños y niñas fuera de la escuela, que se enfoca justamente en NNA que fueron excluidos del sistema educativo, muchas veces por el trabajo.
“De acuerdo con los datos que manejamos, la mayor cantidad de niños y niñas fuera de la escuela son precisamente los adolescentes que corresponderían al tercer ciclo de la educación escolar básica. Uno de los motivos por los cuales ellos están fuera son las condiciones económicas”, dice y agrega: “Cuando los NNA salen a trabajar, generalmente es porque hay necesidades básicas insatisfechas”.
“Cuando los NNA salen a trabajar, generalmente es porque hay necesidades básicas insatisfechas”.
María José Galeano, psicóloga de la fundación Alda.
Lo que a ella le resulta preocupante es que, generalmente, los estudiantes dejan las instituciones educativas por esa necesidad, sobre todo cuando trabajan en condiciones inseguras o de explotación. Por eso, para la especialista es clave fortalecer con recursos los órganos que son los garantes de derecho. Según María José, una respuesta real, concreta e interesante es la organización. Y de eso vamos a hablar más adelante.
Sobre causas económicas y culturales
Pero antes, ¿cuál es, entonces, la causa de esta situación? No hace falta una licenciatura en Sociología ni un estudio detallado de la realidad para el diagnóstico: vivimos en un país que nos ofrece superávit de mercado y déficit de Estado. En Paraguay, la garantía de acceder a vivienda, salud, educación y hasta alimentación depende de un único factor: la capacidad de pagar. En caso de no tener esa posibilidad, simplemente se cercenan derechos ante la ausencia estatal.
El factor que influye de forma clara es la pobreza. Según datos de la última Encuesta Permanente de Hogares, un 24,6 % de las familias experimentaron inseguridad alimentaria moderada (dificultad en el acceso, calidad y variedad), mientras que 5,31 % padeció inseguridad alimentaria grave, entendida como la falta de comida en el hogar por un día o más. Es decir, uno de cada cuatro hogares paraguayos pasa hambre; uno de cada 20 directamente no come por, al menos, un día.
Uno de cada cuatro hogares paraguayos pasa hambre; uno de cada 20 directamente no come por, al menos, un día.
Al tratarse de un fenómeno complejo, de ninguna manera podemos verlo como unicausal. La falta de garantía de derechos y la pobreza no son los únicos factores que intervienen. También es importante considerar una cuestión cultural y social: en Paraguay y toda Latinoamérica, los niños, niñas y adolescentes colaboran con el trabajo. Ese es justamente el enfoque que trabaja la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CONNATs).
En primera persona
“La CONNATs realiza una valoración crítica del trabajo de niños, niñas y adolescentes porque exige que se mejoren las condiciones en que se realiza, pero reconoce al trabajo como un derecho humano y como elemento de identidad de los pueblos”, dice Juan Pablino Insfrán, exniño trabajador y actual acompañante educador de Callescuela, organización que acompaña a CONNATs.
Al realizar esta investigación, en la redacción nos parecía que además de recabar datos, hablar con las instituciones y desde la psicología, era importante y necesario dar voz a los protagonistas. Por eso, concretamos una reunión con varios niños, niñas y adolescentes que son parte de la fuerza laboral, pero que también están organizados gremialmente en la CONNATs y son apoyados por la oenegé Callescuela.
Leandra (14) trabajaba en las tareas del hogar en su casa y cuidaba a sus hermanos o sobrinos. Hoy se desempeña en la panadería, que es una cooperativa gestionada íntegramente con la CONNATs, que le ofrece un ingreso fijo y menos horas laborales. Esto le permite pagar su alimentación, su colegio y sus gastos personales. “Si no lo hacía, mi papá no iba a poder con todo”, dice.
El Mercado de Abasto es el espacio de trabajo de José (15) y Thiago (16), donde laboran vendiendo frutas y verduras frente al semáforo. También están cuatro horas diarias en la panadería, que les ofrece un ingreso fijo, mientras que las ganancias de la venta ambulante las destinan a sus gastos diarios. “Gracias a eso ahora puedo jugar al fútbol y pagar mi práctica”, dice José. “Con lo que me sobra le ayudo a mi mamá”, detalla.
“Gracias a eso ahora puedo jugar al fútbol y pagar mi práctica. Con lo que me sobra le ayudo a mi mamá”.
José (15)
El hermano de José, que es unos 10 años mayor, también se dedicó a la venta ambulante en el Abasto. La diferencia es que lo hacía dentro del predio, mientras que el menor se arriesga al trabajo en la calle, con los peligros del tráfico y la violencia de los conductores. “Cuando quiero vender mercadería y directamente me cierran la ventanilla, me miran mal o me dicen cosas…”, empieza, pero la voz se quiebra, por el dolor que se traga todos los días ante el maltrato de la gente.
Se enfrentan día a día, como cientos de jóvenes, a la discriminación y muchas personas piensan lo peor. “A veces se dice que estamos en malas cosas o que nos drogamos, y es mentira, porque si no, no íbamos a trabajar y estudiar”, explica José.
La realidad de Aleida (12) es muy distinta. Ella vive en una comunidad campesina denominada Comuneros, en Alto Paraná, y allí trabaja con su familia en la chacra, donde se dedican a la cría de animales y al cultivo de alimentos. Además, estudia y cursa el séptimo grado, con mención de honor.
Otro que tiene mención de honor es Ángel (12), que se despierta cada día a las 3.30 de la madrugada y ayuda a su papá en el mercado, donde trabajan en el sector de carnicería. Érica (16), también de Alto Paraná, está en segundo año de la educación media y se dedica a las tareas de cuidado del hogar, principalmente, pero las complementa con la venta de hielo en un comercio y en Semana Santa venden chipa en familia.
“Nosotros valoramos críticamente al trabajo como un derecho humano, para nosotros es garantía para poder ir a la escuela y ayudar a nuestras familias. Además, es un espacio de organización y aprendemos sobre nuestros derechos, que debemos tener condiciones dignas, no trabajar más de cinco horas”.
Érica (16)
“Nosotros valoramos críticamente al trabajo como un derecho humano, para nosotros es garantía para poder ir a la escuela y ayudar a nuestras familias. Además, es un espacio de organización y aprendemos sobre nuestros derechos, que debemos tener condiciones dignas, no trabajar más de cinco horas”, explica Érica.
“Es mentira que no queremos estudiar. Nosotros somos los primeros en pagar por nuestros estudios porque deseamos salir de esto y tener un futuro mejor; invertimos en nosotros pero también en nuestras familias”, refuta José.
La coordinadora general de Callescuela es Pura Zayas. O Puri, como la nombran los chicos. Ella fue una niña trabajadora y se dedicó, junto con su abuela, a la venta de choclo en el Abasto, lo que le permitió estudiar hasta su primera carrera universitaria —porque culminó dos—. Es un constante ejemplo para los chicos, de vida y de organización.
“En el Abasto siempre nos organizamos, primero para protegernos de casos de violencia, abuso o acoso, porque eso es lo que había más; y después para conseguir mejores condiciones laborales como un puesto de trabajo, ya que no nos permitían vender así nomás”.
Pura Zayas, coordinadora general de Callescuela.
“En el Abasto siempre nos organizamos, primero para protegernos de casos de violencia, abuso o acoso, porque eso es lo que había más; y después para conseguir mejores condiciones laborales como un puesto de trabajo, ya que no nos permitían vender así nomás”, recuerda. Explica el espacio de la Coordinadora: “Tenía que ver también con acceder a una condición digna que nos permita ir a la escuela, la oportunidad de recrearnos e informarnos, y siempre mantener un vínculo con nuestra familia a través del trabajo”.
En su caso, su abuela primero fue lavandera y luego vendedora, nunca tuvo un ingreso fijo. Purita y sus hermanos la acompañaron primero a trabajar para otras personas pelando poroto y otras legumbres. “Empezamos a recolectar y luego a vender; de a poquito logramos una condición que nos permitió a nosotros, como familia, dignificarnos y llevar ese plato de comida”, cuenta. “Desde ahí miramos el trabajo”, afirma.
“Es muy importante hacer esta valoración crítica del trabajo. Nosotros no estamos a favor de condiciones que nos dañen, pero queremos modificar la mirada y tener la posibilidad de realizar nuestras actividades como un derecho, que nos permita a nosotros dignificarnos como personas y aportar a nuestras familias”, afirma.
Por turnos, cada uno de los chicos afirmó que como organización luchan por mejores condiciones laborales, el respeto a un horario de no más de cinco horas diarias y la erradicación de la violencia en sus espacios.
Caso Cristina Aguayo Ortiz y otros
Más de un lector se preguntará cuál es la solución. Y la respuesta es que ante cada problemática social, es el Estado el que debe hacerse cargo. Pero debe hacerlo bien; la criminalización y la persecución son únicamente parches que, de ninguna manera, pueden ser la respuesta. Sino, miremos el caso Cristina Aguayo Ortiz y otros.
Entre los años 2000 y 2001, una política de la entonces Secretaría y hoy Ministerio Nacional de la Niñez y la Adolescencia fue “arrear” a los niños de las calles. Las redadas masivas se dieron sobre chicos en situación de calle, en algunos casos, y niños trabajadores, en su mayoría. A raíz de estos hechos, fueron destinados a hogares e instituciones, y alejados de sus familias, algunos incluso por mucho tiempo.
El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008 y se logró un acuerdo. Las órdenes judiciales de detención e internación fueron instruidas sin respetar las garantías y los derechos de las y los niños afectados y, por eso, el país tuvo que aplicar una serie de políticas de reparación.
Mientras las instituciones mantienen el discurso de “erradicar el trabajo infantil”, los niños, niñas y adolescentes agrupados en CONNATs piden empatía y mejores condiciones laborales.
¿En conclusión?
Mientras las instituciones mantienen el discurso de “erradicar el trabajo infantil”, los niños, niñas y adolescentes agrupados en CONNATs piden empatía y mejores condiciones laborales, porque algo tienen bien claro desde su temprana edad: su actividad laboral es la única garantía de mejorar sus condiciones de vida. Por eso, antes de pensar en la criminalización y la ilegalidad, hay que detenerse a mirar el panorama.
En una sociedad como la nuestra, es necesario mucho cinismo para abordar esta problemática solo desde la responsabilidad parental y no desde las instituciones que deberían velar por la garantía de los derechos humanos para todas y todos. La alimentación, la vivienda, una vida digna, la salud y la educación no deberían ser reclamos: son derechos y el Estado es responsable de garantizarlos.
No es intención de este equipo editorial romantizar la explotación de NNA, sino muy por el contrario, ayudar a entender todas las causas.
En adelante, quizás, más de uno pensará dos veces antes de cerrar la ventanilla del vehículo con un gesto desagradable.
Del pueblo para el pueblo
En Fernando de la Mora funciona la Panadería del Pueblo para el Pueblo, donde, como organización CONNATs, encontraron un espacio para trabajar dignamente, con las condiciones laborales justas.
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