Lo que hay debajo de las dunas

El dilema de Médanos del Chaco

Un proyecto de ley vuelve a poner en debate la exploración de hidrocarburos dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco, uno de los últimos ecosistemas intactos del Gran Chaco americano. Conversamos con las principales voces de esta discusión y analizamos las implicancias jurídicas, humanas y ambientales de una decisión que podría no tener vuelta atrás.

Por Leticia Ferro Cartes. Fotografía: Gianfranco Mancusi para WWF Paraguay y gentilezas.

El Parque Nacional Médanos del Chaco está a más de 750 kilómetros de Asunción, entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, sobre la frontera con Bolivia. Ocupa 605.705 hectáreas de dunas (los médanos que le dan nombre), formadas por arena moldeada durante siglos por el viento, en una de las zonas con menos lluvia del país. En esa superficie crecen ejemplares de quebracho blanco, samuhú, palo santo y más de 35 especies de cactus, con parientes silvestres de plantas que Paraguay cultiva a diario, como maní, mandioca y ají. Debajo, el acuífero Yrendá y el río Timane son la principal fuente de agua dulce de una de las regiones más áridas del continente.

Lo que hay bajo tierra

El diputado José Rodríguez (ANR) es el impulsor de un proyecto de ley que modifica el régimen de protección del Parque Nacional Médanos del Chaco. La meta es habilitar la prospección de gas, petróleo y minerales. La Comisión de Energía y Minería de Diputados ya dio dictamen favorable. El Mades, en cambio, recomendó rechazarlo, al invocar un principio del derecho internacional: el de no regresión ambiental.

No es la primera vez que el debate llega al Congreso. Una ley casi idéntica, impulsada en 2022 por el diputado Orlando Penner (ANR, ex Patria Querida), fue truncada tras la presión de organizaciones ambientalistas e indígenas. “Frenamos aquel proyecto con la clara certeza de que la amenaza reaparecería”, dice Mónica Centrón, ingeniera forestal y vocera de la coalición #PorLosBosques: “Hoy, esa advertencia se confirma”.

Para el diputado es fundamental saber qué hay bajo tierra. El objetivo, según él, es explotar nuestros recursos de manera sostenible. “Lo que planteamos ahora mismo es desafectar el área para que las empresas, públicas o privadas, vuelvan a tener la oportunidad de hacer la exploración, para saber científicamente cuánto volumen existe de hidrocarburos y minerales en la zona”, explica Rodríguez.

“Soy una persona totalmente transparente”, asegura el diputado y sostiene que no tiene vínculos con ningún interés privado. Afirma que la explotación de cualquier actividad quedaría bajo un control ambiental estricto. “El Mades va a ser el órgano rector, que va a otorgar el permiso en caso de que haya suficiente volumen para explotar, si es que existe científicamente comprobado”, sostiene.

Además, asegura que su enfoque es que diferentes actores cuenten sus puntos de vista a través de audiencias públicas, con un espíritu democrático y aperturista.

Punto de no retorno

El principio de no regresión ambiental sostiene, en términos simples, que un Estado no puede bajar el nivel de protección que ya alcanzó sobre un bien ambiental. No es una idea nueva ni exclusiva de Paraguay; aparece en tratados internacionales y en la jurisprudencia de varios países, y busca que las garantías no dependan del humor político de cada Gobierno.

Según Centrón, el argumento tiene tres capas: la constitucional (los artículos 7 y 8 garantizan el derecho a un ambiente saludable), la judicial (en 2019 la Corte Suprema rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Parque, modificarla ahora por vía legislativa “desmantela la certidumbre sobre la cual se asienta todo el sistema de áreas protegidas”) y la internacional (ligada a los tratados de derechos humanos y ambientales que el país ya firmó).

A Lucy Aquino, directora de WWF Paraguay, le preocupa que además de las áreas protegidas, esté en riesgo la institucionalidad del país: “Una ley de conservación tiene sentido cuando brinda estabilidad más allá de coyunturas o intereses particulares”.

El lugar alberga la única población de guanacos del país y especies amenazadas como el yaguareté y el taguá. Integra una de las áreas núcleo de la Reserva de la Biósfera del Chaco, reconocida por la Unesco, y linda con el Parque Nacional Kaa-Iya, en Bolivia. Habilitar actividades extractivas ahí, dice Aquino, “entraría en contradicción con los objetivos de conservación asociados a este reconocimiento internacional”.

Distintas sociedades, distintas visiones

Hay una dimensión del debate en que la reversibilidad va mucho más allá. En el parque y sus alrededores habitan comunidades del pueblo Guaraní Ñandéva y grupos del pueblo Ayoreo, entre ellos los jonoine urasade, el único colectivo humano que vive en aislamiento voluntario en todo el continente americano fuera de la cuenca amazónica. Cuentan con el derecho a la autodeterminación reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por la Constitución paraguaya.

La comunidad Siracua, del pueblo Guaraní Ñandéva, no es extraña a amenazas ambientales, y está ubicada dentro del área protegida del parque Médanos del Chaco. “No es la primera vez. Hace unos 15 años que venimos preocupados por esto”, cuenta María Dolores Benítez, representante de esta colectividad, integrante del consejo de su comunidad y la organización de mujeres de la zona.

Benítez menciona las familias que se nutren de un pozo artesiano y del bosque que lo rodea. “En el monte hay muchas cosas que usamos: tenemos mercado ahí, medicinas tradicionales, agua dulce suficiente”, explica. Cuenta que ninguna de las cuatro comunidades que integran el Consejo de Alto Chaco está de acuerdo con la intervención del parque. Ellos ven a la selva como algo mucho más allá que un sector en un mapa, un proyecto o un espacio delimitado con límites administrativos. “Es nuestro territorio, nuestra vida. No se toca”, sostiene.

Al mirar al interior del parque, la situación es todavía más delicada. “Podría haber contacto forzoso”, advierte Alberto Vázquez, presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI): “Hay que respetar su vida, su convivencia. Los no contactados también tienen todo el derecho del mundo a existir”.

“El contacto involuntario expondría a estas poblaciones vulnerables a epidemias mortales para las que no poseen defensas inmunológicas”, recuerda Centrón.

Vázquez insiste en que las audiencias públicas realizadas en el Congreso no reemplazan lo que la ley exige. “Esa no es una consulta. El Gobierno está obligado a hacer una consulta previa, libre e informada. No se hizo ninguna en el territorio”, afirma, en referencia al convenio 169 de la OIT y al decreto presidencial que reglamenta ese proceso en Paraguay desde 2018. 

Desarrollo, ¿según quién?

Paraguay es un país con una amplia riqueza pluricultural, un territorio que alberga a 19 pueblos indígenas. Escuchamos el eco incesante de la “garra guaraní” en nuestra sociedad, casi como una afirmación identitaria incuestionable. Eslóganes, campañas, canciones… todo parece indicar el gran orgullo que tienen los paraguayos blancos de vivir en una nación que conecta con sus raíces más profundas. 

Esa diversidad de culturas permite que surjan diferentes concepciones de lo que es (y no) desarrollo para el país. En coherencia, obliga a plantear un cuestionamiento importante en torno a Médanos del Chaco: ¿Cuál es el costo de explorar una oportunidad de prospección en un área protegida con comunidades que la habitan? 

El diputado Rodríguez es enfático en que el proyecto apunta a un crecimiento para el país. “Esto va a desarrollar el Chaco y Paraguay”, afirma. El argumento con el que se suelen presentar estos proyectos tiene que ver con regalías, empleo e infraestructura.

Pero para Vázquez, esa promesa pierde sentido si se la mira desde el territorio. “Para nosotros no es desarrollo. Es prácticamente echar toda la casa”, dice. Explica que la visión que propone el proyecto de ley responde a la lógica de “la sociedad blanca —caminos, tecnología, infraestructura—, mientras que para los pueblos indígenas el bosque y la biodiversidad no son recursos a explotar sino una vida”.

Para el presidente de la FAPI, el concepto argumentado por el proyecto no solo desconoce la cosmovisión de los guaraníes ñandéva y ayoreos, sino que impone un estilo de vida a las parcialidades, cada una con su propia cultura, espiritualidad y manejo del territorio. “La idea de desarrollo de los paraguayos no siempre coincide con la idea de desarrollo de los pueblos indígenas”, dice Vázquez.

Mucho más allá del Chaco

Para quienes no viven en la zona ni siguen de cerca la política ambiental, este debate puede parecer lejano, pero las organizaciones y los activistas insisten en que no lo es y que el riesgo es mucho mayor de lo que parece. Aquino advierte que la eventual aprobación “sentaría una jurisprudencia peligrosa para todos los parques nacionales del Paraguay”. Es decir, si Médanos puede desafectarse por ley, ningún área protegida del país tiene garantía real de permanencia.

Ese tipo de inestabilidad normativa tiene un costo con implicancias muy graves, indica: afecta el acceso a financiamiento climático, a mercados de carbono, a la cooperación internacional que depende de que el país cumpla lo que firma e, inclusive, al equilibrio financiero y la generación de inversiones.

Para Centrón, la aprobación del proyecto pondría al país “en franca contradicción” con los compromisos asumidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. Romper la integridad de una reserva de la biósfera reconocida por la Unesco “destruye la credibilidad del Paraguay en las negociaciones climáticas, y bloquea el acceso a fondos verdes e internacionales de cooperación para la adaptación”.

La ingeniera forestal plantea este riesgo de forma muy directa: “Se vería al Paraguay como una nación poco seria en sus compromisos”. Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el discurso país sigue posicionándose públicamente como referente regional en energías limpias, lo que plantea un quiebre: “Apostar por la expansión de combustibles fósiles en áreas protegidas es un claro retroceso frente a ese objetivo”.

Hay otro factor que profundiza la discusión: según Aquino, en el Chaco paraguayo ya existen unas 12 millones de hectáreas otorgadas o en evaluación para exploración de hidrocarburos, de las cuales el 90 % está fuera de áreas protegidas. “No se trata de elegir entre desarrollo y conservación. Si el argumento central es la necesidad energética del país, hay millones de kilómetros donde explorar sin tocar un parque nacional, un acuífero estratégico o el territorio de pueblos que no pueden ser reubicados ni renegociar su consentimiento”, explica.

“El argumento de que el área de perforación sería mínima no resulta coherente ni suficiente para descartar los posibles impactos sobre el acuífero Yrendá. El riesgo no depende únicamente de la superficie intervenida, sino de la naturaleza y profundidad de los trabajos, y de los posibles efectos sobre el subsuelo y el sistema de aguas subterráneas”, indica la directora de WWF Paraguay.

El daño sería irreparable de aprobarse el proyecto, sostiene Centrón, pues “propone un peligroso espejismo económico. Destruir un patrimonio natural irreemplazable por la simple expectativa de encontrar hidrocarburos es un contrasentido financiero e industrial. Mientras el mundo redirige inversiones hacia la descarbonización y valora cada vez más los servicios ambientales, la biodiversidad y los mercados de carbono, asumir daños irreversibles en busca de combustibles fósiles compromete el futuro del Paraguay en nombre de una apuesta especulativa y de corta vida útil”.

Cada tanto, alguien vuelve a proponer lo mismo en espera de que en algún momento nadie estará mirando. Hoy, se discute si el Parque Nacional Médanos del Chaco se explota o no. Pero, tal vez, el análisis apunta a otro sitio: ¿la seguridad jurídica y la preservación de los activos ambientales significan realmente algo para el Estado paraguayo? 

Quizás la promesa del crecimiento económico no debería antagonizar con la protección ambiental. Y lo que se tendría que plantear, en esta oportunidad, es enfocarnos en cuidar nuestra riqueza y no “buscarla” a costa de daños irreversibles para el ambiente, las comunidades y, sobre todo, para el Paraguay del futuro.