Una ciudad para todos y todas

Sobre la importancia de la planificación urbana

En cada año electoral se reanuda la conversación sobre qué ciudad queremos. Pero más allá de las propuestas, este es un momento clave para consultar la voz de los especialistas. Por eso, en esta edición, invitamos a Melina Pekholtz a dar cátedra.

Por Laura Ruiz Díaz. Dirección de producción: Camila Riveros. Retratos: Laura Zárate. Fotografía: Javier Valdez y Joe Barcovich.

En los albores de este siglo febril, cuando la humanidad se apiña en manchas de asfalto y luces de neón, una pregunta antigua retumba con urgencia nueva: ¿A quién pertenece la ciudad? No como un título de propiedad, sino como cúmulo de derechos tejidos en el espacio público, a la sombra de un árbol y en el trazo de una vereda.

Melina Pekholtz, cuya voz lleva el eco de muchas luchas y planos participativos, la defi ne con la precisión de quien ha visto nacer barrios sobre el papel y sobre la tierra en los márgenes: “El derecho a la ciudad es la posibilidad de todos los habitantes de usar, ocupar, circular, producir, cambiar, gobernar y disfrutar de los territorios de convivencia común libremente, en el marco del derecho, en el que esos espacios comunes sean justos, inclusivos, sostenibles, democráticos y garanticen la dignidad y la igualdad para todas las personas”. Encontramos aquí el primer mandamiento de una urbe que aspire a ser humana. Pero en Paraguay, como en gran parte de esta América Latina cada vez más convulsa, el territorio se escribe a menudo con la gramática de la desigualdad.

La planificación urbana, nos dice Melina, lejos de ser un ejercicio técnico y neutral, es “un instrumento de gestión, que debe ser utilizado y custodiado de manera política y ciudadana, ya que en ella se marcan las pautas de esta distribución y convivencia”. Es decir, el plano es el primer campo de batalla, donde se disputa quién tiene derecho al sol, al aire limpio, a la seguridad y a la belleza. Ese es el tema que hoy nos convoca.

Ciudades que excluyen

La memoria del continente está plagada de advertencias. Pekholtz evoca el caso de las favelas de Río de Janeiro. Allí, la falta de previsión y la mirada despectiva hacia lo informal incubaron “un costo humano, social, de seguridad y económico muy complejo”. El paisaje se quebró, la violencia se territorializó y la factura para reparar —social y físicamente— fue exorbitante.

“No pensar la ciudad para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad genera conflictos y disputas sociales que se materializan en el territorio”, sentencia, y su frase queda flotando como un presagio sobre nuestros propios asentamientos que, en vez de en las alturas, se ubican en las riberas del río Paraguay.

Así como hay ejemplos de lo que no debe ser, hay otros que iluminan el camino posible. “De una ciudad marcada por la violencia y el narcotráfico en los 90, Medellín pasó a ser modelo de innovación y desarrollo urbano, con foco en los barrios marginados”, explica Pekholtz. La clave no fue ocultar la pobreza tras muros, sino invertir en ella con bibliotecas-parque, metrocables y una férrea voluntad de inclusión. El “efecto barrio” se puso en marcha y demostró que “al dotarlos de buena infraestructura y espacios comunes de descompresión, estas intervenciones tienen la capacidad de mejorar el entorno de vida de sus habitantes”.

Esta localidad colombiana se ubica como ejemplo de proyectos urbanos exitosos que integran y recuperan cauces de agua dentro de la urbe. Por ejemplo, el parque Río Medellín —similar a los proyectos Mapocho 42K de Santiago (Chile), un sistema de parques y ciclopaseos en las riberas, y el río Limmat en Zurich (Suiza)— es una referencia internacional de cómo las ciudades pueden dejar de “dar la espalda” a sus playas y transformarlas en corredores verdes para el beneficio de los ciudadanos.
Para comprender mejor este proceso, pensemos la ciudad como un organismo vivo: si crece descontroladamente, sin una “nutrición” adecuada (infraestructura y servicios), su salud se deteriora; sin embargo, la planificación sostenible actúa como un sistema inmunológico que la protege y permite que prospere sin agotar sus propios recursos.

Participación activa

En Paraguay, esta filosofía ha empezado a caminar, con pasos todavía titubeantes, en municipios que han osado soñar sus planes con la gente. Ciudad del Este emerge en su relato como un caso emblemático, donde “la gran cultura de participación” de la ciudadanía obligó a los técnicos a replantearse sus proyectos iniciales.

“Cuando se hicieron propuestas técnicas para sectores críticos de la ciudad, estas fueron nuevamente revisadas conjuntamente y se incorporaron criterios formulados por la gente, definidos por sus necesidades y deseos”. Es el reconocimiento de un saber popular que no está en los manuales, pero que conoce las texturas del barrio. La urbe que se planifica no puede ser un organismo ajeno a su cultura; debe ser, más bien, su expresión máxima y protectora.

Sin embargo, el camino participativo no es un bulevar arbolado. Es lento, conflictivo y choca contra los tiempos cortos de la política. ¿Cómo se sostiene? Con flexibilidad y persistencia.

“Trabajamos de manera convergente. Luego tratamos de alcanzar a aquellas personas o grupos que no pudieron participar, de manera personalizada”, detalla. Es una apuesta por escuchar hasta a los silencios, por mapear no solo calles, sino también voces olvidadas: jóvenes, mujeres, ancianos.

La mirada local

En busca de otras respuestas consultamos la ficha técnica de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) de Paraguay, que impulsa las Ciudades Sostenibles. Nos encontramos con los datos duros: las urbes generan aproximadamente el 60 % del PIB mundial, pero son responsables de cerca del 70 % de las emisiones de carbono y consumen más del 60 % (o dos tercios) de los recursos y la energía global. La tasa de urbanización de América Latina saltó del 41 % en 1950 al 79 % en 2013.

En Paraguay, sobre todo el Área Metropolitana de Asunción (AMA), se presentó un importantísimo crecimiento demográfico. Entre 1950 y 2013 la población se decuplicó y alcanzó cerca de 3.000.000 de habitantes, lo que representa el 40 % del total del país. A pesar de ocupar menos del 0,2 % de la superficie nacional, el AMA genera casi el 47,9 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Hoy, la capital enfrenta una crisis profunda. La falta de planificación, el descontrol inmobiliario y la ausencia de espacios verdes son manifestaciones de un modelo de desarrollo que ha privilegiado el lucro por encima del bienestar ciudadano. Cómo diría Pekholtz: “Los intereses particulares de una minoría por sobre el bien común”.

Actualmente, Asunción cuenta con 464.185 habitantes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) al año 2025. Según el City Resilience Global Programme de UN-Habitat, la red pluvial de Asunción solo cubre el 19 % de las áreas críticas y vulnerables a inundaciones, lo que deja barrios anegados tras cada lluvia intensa. Esta situación se agrava aún más con la expansión descontrolada de la ciudad, que ha reducido la cantidad de espacios de drenaje natural en favor de obras inmobiliarias que no contemplan el impacto ambiental, como el caso del supermercado en el barrio San Vicente, por ejemplo.

Por otro lado, el censo 2022 del INE demuestra que Asunción ha perdido el 10 % de su población en los últimos 10 años. Eso contrasta con el número de viviendas en desuso en el Centro Histórico y la expansión inmobiliaria descontrolada, que prioriza sectores de alto poder adquisitivo en detrimento de soluciones habitacionales accesibles.

Y en este punto entra el factor movilidad, porque quienes tuvieron que abandonar Asunción y aún trabajan en la capital, deben trasladarse. La situación es caótica: el transporte público es paupérrimo y la infraestructura para medios no motorizados es prácticamente inexistente. Como resultado, la motorización privada aumentó exponencialmente, generó embotellamientos y tiempos de viaje cada vez más prolongados, y eso que ni siquiera hablamos del estado de las calles, donde cada año se celebran los cumpleaños de los baches.

Según el Instituto de Ciencias Ambientales y Sostenibilidad (ICAS), el uso del transporte público ha ido en descenso, sin incentivos para una movilidad sostenible. En los últimos 20 años, alrededor de 1.000.000 de personas dejaron de utilizarlo.

Las posibilidades son infinitas

Al final, tras un recorrido narrativo por favelas, comunas, barrios altos y plazas recuperadas, la conclusión de Melina es a la vez una advertencia y una invitación: pone el foco sobre el riesgo de la “gentrificación verde”, ese disfraz ecológico que muchas veces expulsa a los más pobres, y propone un antídoto simple en su concepción, complejo en su ejecución: “Hay que ubicar siempre a la población vulnerable en el centro”.

La urbanista invita, con un llamado que resuena como un deber cívico: “Todas las personas, como habitantes de una ciudad, estamos llamadas a ser constructoras y agentes de cambio. Desde plantar un árbol en nuestra vereda hasta participar de la gestión municipal”. Sin olvidar las comisiones vecinales y asociaciones civiles, que el año pasado marcaron la agenda de la capital del país.

Queda así planteado el desafío. La tarea no es solo de urbanistas y autoridades; es de quien camina una vereda, de quien sueña con una plaza segura, de quien teje un ñandutí o levanta su casa en un terreno precario. La ciudad del siglo XXI, si ha de ser justa, deberá nacer, necesariamente, de ese murmullo colectivo que, al fin y al cabo, es el sonido más auténtico de la democracia.